Buscan asegurar participación indígena en la toma de decisiones

24-Jun-2019 8:43 am



“No hemos logrado que los grupos sociales en toda su diversidad participen por igual y logren tener una representación en los órganos decisorios”, Arturo Meraz González, consejero presidente del IEE


Chihuahua, Chih. - Representantes de diferentes sectores de la sociedad, instituciones electorales, integrantes de diversas comunidades indígenas, abrieron un diálogo dentro del foro “Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, en aras de encontrar oportunidades para hacer efectivos los derechos indígenas, asegurar su participación en la toma de decisiones y representación en los órganos de gobierno.


“Como país, aun y cuando nos hemos dado como forma de vivir un régimen democrático, en el terreno de la inclusión tenemos una deuda pendiente, ya que no hemos logrado que los grupos sociales en toda su diversidad participen por igual y logren tener una representación en los órganos decisorios”, aseguró Arturo Meraz González, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) durante la inauguración del evento, realizado en la capital chihuahuense.


Refirió que, de toda América Latina, México tiene la mayor presencia de población indígena, con poco más de 11 millones, y son mayoría de habitantes en más del 30% de los municipios. Sin embargo, el déficit de representación y rezago que enfrentan los pueblos originarios es muy sensible ya que solo de manera marginal participan en los organismos públicos”, dijo Meraz.


Destacó que más allá de números, la inclusión política es un asunto de derechos y es necesaria para enriquecer la toma de decisiones en un país que, como establece el artículo 2 constitucional, tiene un carácter multicultural. “Es precisamente esa diversidad y pluralidad de nuestra nación, construida sobre el patrimonio cultural, conocimientos y trabajo de los pueblos indígenas, lo que provoca que les asista el derecho primigenio de garantizarles su participación política a fin de que sean corresponsables en la construcción del diseño nacional”, recalcó.


Meraz recordó que se han hecho esfuerzos por lograr esa inclusión como en la reforma de 2001, cuando se incorporó el derecho en los municipios con población indígena a elegir a sus representantes en los ayuntamientos, las elecciones de acuerdo a sus normas y prácticas tradicionales y el establecimiento de distritos electorales uninominales en demarcaciones territoriales que consideraran la ubicación de pueblos y comunidades indígenas. Pero los instrumentos para incentivar esa representación política han quedado rebasados, indicó.


Esta situación, dijo, convierte en tema prioritario de la agenda nacional, la revisión del modelo de participación política de los pueblos y comunidades indígenas vigente, y foros como este “nos brindan la oportunidad de compartir experiencias, ampliar la voz de los pueblos originarios y que resulten en verdaderos avances en el ejercicio de sus derechos”


La ceremonia de inauguración fue presidida, además del consejero presidente del IEE, por Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; María Luisa Bustillos, gobernadora tradicional y regidora del Ayuntamiento de Guachochi; Néstor Manuel Armendáriz Loya, presidente de la Comisión Estatal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).


En su mensaje, la titular de la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF hizo un llamado a visibilizar la poca participación política de los indígenas de Chihuahua, así como a activar medidas afirmativas y acciones compensatorias.


“La tolerancia y el pluralismo son condiciones básicas para el diálogo en donde todos los locutores deben encontrarse reconocidos en un plano de igualdad”, expresó.

“Hoy no existe duda de que debemos trabajar para que estén mejor representados y representadas en los órganos de gobierno y, a su vez, eso tenga como resultado que sus intereses comunes sean efectivamente defendidos”, abundó.


López Santiago dijo que este encuentro justamente tiene el objetivo principal de diseñar y ejecutar un modelo de retroalimentación de las formas y maneras de representación política de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, desde una perspectiva pluricultural y con enfoque de género, para que, posteriormente, se desarrolle una agenda incluyente que propicie el acceso a la justicia electoral de todas las personas integrantes.


Este ejercicio, precisó, debe permitir a las instituciones tener claridad sobre cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las personas indígenas que desean participar políticamente en los procesos electorales y, con ello, definir las estrategias o medidas que deban ser implementadas.


“¿Saber cómo participan?, ¡cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan para votar o ser votados y votadas, para ejercer cargos públicos?, ¿qué tipo de irregularidades observan durante las elecciones?, son algunas de las preguntas de las que esperamos encontrar respuestas, sobre todo, a partir de las experiencias”.


María Luisa Bustillos Gardea, representante rarármuri, agradeció la oportunidad de escuchar y entender sus conocimientos, sin embargo, precisó que espera que los que se trate en este foro se traduzca realmente en acciones concretas para beneficio de los pueblos originarios.


“Era algo ya muy necesario, que quizá si esto se hubiera dado en tiempos anteriores este país sería diferente. Queremos que este país, este estado, sea más justo y más digno y que no solamente se quede aquí, que sea replicable para otros pueblos hermanos nuestros, y lo que suceda hoy se quede plasmado en leyes”, manifestó.


El presidente de la CEDH destacó que los derechos políticos, como el derecho a votar y ser votado, revisten gran importancia porque son un gran presupuesto para ejercer otros derechos.


“En la Comisión hemos emitido recomendaciones a los 67 municipios, y nos hemos topado con una resistencia y algunas variantes para respetar esos derechos. Hay otros municipios que no aceptan o le dan la vuelta a este derecho, por ello es importante que cuenten con voz ante las autoridades”, precisó Armendáriz Loya.


El foro incluyó cuatro mesas de diálogo, en las que participaron las consejeras y consejeros electorales de Chihuahua, así como representantes de distintos estados e instituciones.


La primera mesa fue denominada “Precedentes relevantes sobre la protección de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas”, en la que expuso el consejero electoral Gerardo Macías Rodríguez.


La segunda trató el tema “Inclusión de candidaturas indígenas en el sistema electoral mexicano”; la tercera, “Acciones afirmativas y medidas compensatorias como mecanismo para garantizar la representación indígena en los ayuntamientos y en la legislatura local”, con la participación de la consejera Fryda Licano y el consejero Saúl Rodríguez Camacho; y en la cuarta y última mesa expuso la consejera Claudia Arlett Espino el tema de “Los sistemas de defensa electoral para pueblos y comunidades indígenas”.



Mesa 1: "Precedentes relevantes sobre la protección de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas"

Participan: Rosita de Lourdes Cancino (DPE), Alejandro Sherman (INE), Gerardo Macías (IEE), Rodrigo Rmz. Tarango (UACH), Marcos Shilón (INPI)


Mesa 2: "Inclusión de candidaturas indígenas en el sistema electoral mexicano"

Participan: Juan Carlos Martínez (DPE), Noé Macías Muñoz (INPI), Ángel Fontes Carrillo y Edmar León (IEPC Guerrero)


Mesa 3: "Acciones afirmativas y medidas compensatorias como mecanismo para garantizar la representación indígena en los ayuntamientos y en la legislatura local"

Participan: Fryda Licano (IEE), Víctor Martínez (COEPI), María Luisa Bustillos (Ayuntamiento Guachochi) y Saúl Rodríguez (IEE).


Mesa 4: "Los sistemas de defensa electoral para pueblos y comunidades indígenas"

Participan: Sandra Vivanco (DPE), Claudia Arlett Espino (IEE), Carlos Fco. López (DPE) y Saúl Alonso Castañeda (CEDH)